La Ley de Responsabilidad Ambiental, ¿Qué obligaciones conlleva?

Los aspectos jurídicos de la Ley 26/2007 y demás normativa.

La Ley 26/2007 establece la responsabilidad de los operadores, término de la ley que se da a las empresas, en relación a los daños ambientales producidos o que puedan producirse, imponiéndoles determinadas obligaciones preventivas, y, en su caso, reparadoras.

Dicha ley, tiene como antecedentes el Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental, así como la Directiva 2004/35/CE, que entrarán en vigencia a partir del mes de octubre de 2021.

La Ley y su marco normativo es el siguiente:

  1. Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental
  2. Real Decreto 2020/2008, de desarrollo parcial de la Ley 26/2007
  3. Órdenes Ministeriales:
  • Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio
  • Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre
  • Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre

La ley se aplica tanto a los daños medioambientales como a las amenazas inminentes que puedan ocurrir cuando hayan sido causados por cualquier empresa, independientemente de que tenga o no culpa o exista negligencia por su parte. Las empresas obligadas, son las que constan en el ANEXO III de la ley. Existen, y se deben tener en cuenta las exclusiones a los que se refiere la ley.

Asimismo, tal y como dispone el artículo 4 de la ley, ésta no se aplicará si han transcurrido más de 30 años desde que tuvo lugar la emisión, suceso o incidente que los causó. En caso de conducta continuada, este plazo se computa desde el último suceso.

La Responsabilidad de los Operadores, esencialmente los obliga a establecer medidas de prevención, evitación y reparación y a cooperar con las autoridades competentes.

Si somos un sujeto obligado por la Ley, tendremos las siguientes obligaciones esenciales:

  1. Medidas de prevención. Adoptar y ejecutar todas las precauciones fijadas por las leyes y ordenadas por las autoridades administrativas.
  2. Medidas de evitación. Ante una situación de riesgo, comunicar a la autoridad competente la existencia de daños o su amenaza inminente y colaborar en la contención con las autoridades administrativas.
  3. Medidas de reparación. Llevar a cabo las medidas de reparación ordenadas por la administración y en colaboración con ella.

No cumplir con tales obligaciones puede comportar la entrada en juego del régimen sancionador de la ley, que prevé multas para las sanciones muy graves de 50.001 a 2.000.000 euros y para las sanciones graves de 10.001 a 50.000 euros.

Es muy recomendable asesorarse debidamente, con el fin de conocer si nuestra actividad hace que seamos sujeto obligado, evitando así posibles sanciones.

Para más información ponte en contacto con nosotros a través de comercial@tecoman98.com o llámanos al 935721495.